Javier Barbado / Imagen: Miguel Ángel Escobar. Madrid
El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos, entrevistado por este periódico en su despacho en Madrid, celebra la iniciativa del Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) y confiesa que, en el caso de los profesionales de la Medicina, echa en falta “algo parecido” por parte de la entidad que dirige, en concreto una “voz única” que aglutine los intereses de los médicos. Resalta asimismo la labor de intermediación con los galenos por parte de las compañías de seguros de salud; critica la ausencia de un registro nacional de profesionales sanitarios (que, por supuesto, debe incluir a quienes ejercen el oficio en la sanidad privada) y puntualiza que los médicos de ésta última deben colegiarse de manera obligatoria de acuerdo con la trasposición de la directiva de servicios (son los del sistema sanitario público los que, tal vez, puedan eludir este requisito para el ejercicio de la Medicina).

La sanidad privada en España constituye una parte muy importante de la sanidad porque descarga desde el punto de vista económico al Sistema Nacional de Salud, y provee de ofertas de trabajo a los médicos, por ejemplo. ¿Cree que los poderes públicos deberían tener esto en cuenta a la hora de fomentar el carácter complementario de la sanidad privada respecto de la pública?

Es verdad que la sanidad privada es un complemento para aquellas cuestiones que la sanidad pública no provee o bien no ofrece en las mismas condiciones de tiempo, espacio y forma. Yo creo que el sistema público lo único que tiene que hacer es respetar la iniciativa privada que responde, a su vez, al deseo de los ciudadanos. Pero [los poderes públicos] no tiene que fomentar ni dejar de hacerlo, ni una cosa ni otra: lo que tienen que hacer es tener un sistema público que respete nuestro modelo, que es extraordinariamente eficaz, trata a todo el mundo por igual y ofrece calidad.

Y para el sistema privado lo mismo: creo que debe intentar ofrecer la mayor calidad posible en un marco de un profesionalismo de excelencia y de una ética exactamente igual. Así que yo creo, volviendo al principio, que cada cual debe hacer su trabajo y respetarse mutuamente. Yo no entiendo que nadie deba fomentar nada, sino cada uno hacer el trabajo que le corresponde.

La Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado hace poco un informe elaborado por Medical Economics sobre los médicos con consulta propia o de ejercicio libre. De acuerdo con el estudio, el 96 por ciento de los consultados trabaja con la mediación de las compañías de seguros (es decir, tan solo un 4 por ciento cobra directamente de los pacientes). ¿Por qué es tan importante la labor de las aseguradoras para estos médicos?

Porque así lo obligan las características de nuestro país, es decir, el ejercicio libre como tal (lo que entendemos por ejercicio libre puro) prácticamente ha dejado de existir en España. Quedan algunas excepciones. Todo lo que no es sistema público o sistema de aseguramiento público lo hacen las aseguradoras, bien porque cubren el aseguramiento de Muface, Isfas y Mugeju, o bien porque responden al aseguramiento privado. Por eso es importante, porque digamos que copan todo el mercado que no es servido por el sistema público, por la financiación pública. Así que no queda prácticamente espacio para la Medicina privada, por eso [la labor de las compañías de seguros] es tan extraordinariamente importante.

En este asunto con frecuencia se menciona la relación de los médicos con las aseguradoras de salud con respecto a los baremos, que por una parte se consideran bajos y, según se justifican las aseguradoras, se calculan en función de las primas que van a recibir. ¿Qué propuestas tiene la Organización Médica Colegial para tratar de revertir esta situación?

Es muy complejo. Vivimos en un mundo de libertad, de libre mercado, donde cada uno de los profesionales contrata sus servicios como cree que puede interesarle. Objetivamente, las primas son muy bajas: esto es así. Es muy difícil sustraerse a esa valoración. Nosotros no podemos poner precios mínimos ni obligar a nadie a que no contrate sus servicios de esa manera, y en ese desequilibrio inestable estamos. No podemos obligar a los médicos a que no contraten por debajo de ciertos precios, y, por otro lado, las aseguradoras dicen que las primas son los que les permite pagar. Yo creo que, de una manera o de otra, lo que debe preocuparnos es que se mantengan los mejores niveles de calidad en la medida en que se pueden alcanzar en Medicina en estos momentos. Es lo que podemos hacer como profesión, porque intervenir es extraordinariamente difícil; sería absolutamente inapropiado.

Así que lo que podemos exigir es que las compañías ofrezcan los mejores servicios en las mejores condiciones a los ciudadanos, a sus asegurados, y los médicos los presten como tales. Si eso se puede hacer o no con esos precios, ellos tendrán que ponerse de acuerdo; nosotros sólo podemos intentar que se respeten los mínimos de calidad, porque es verdad que sólo hay una Medicina pública, con unas calidades determinadas, y una Medicina privada con unas calidades diferentes. Las calidades y las normas que deben regir el mejor ejercicio profesional son iguales para todos. ¿Que eso lo permiten las primas y que, en consecuencia, los precios que les ponen a los médicos son aceptados? Bueno, aunque objetivamente entendemos que son muy bajas también entendemos que son ellos los que tienen que decir si las aceptan o no.

Este año la OMC también ha celebrado unas jornadas en las que se ha hablado del papel de Muface. El Gobierno central, según corroboran portavoces del Partido Popular, no ha asegurado de forma explícita la continuidad de este modelo de prestación sanitaria, y lo cierto es que se ha modificado el decreto-ley por el que los funcionarios se adhieren a este servicio. ¿Está de acuerdo con esta apreciación?

Bueno, ésta era nuestra duda hasta que, en una visita que tuvimos con el director general de Muface, él nos dijo lo contrario, es decir, que lo que se ha alterado es la relación con el tema de las clases pasivas, pero en absoluto la prestación asistencial. Después, como consecuencia de aquello, celebramos aquí una jornada que estuvo abierta a todo aquel que quiso venir y en la que no solamente se nos ratificó esa realidad por parte de los responsables de las direcciones generales de las diferentes mutualidades, sino que la propia doña Consuelo Rumí, la secretaria de Estado, confirmó lo que usted me dice que está en duda. Pero aquí, de forma pública, y así lo hemos recogido en nuestros medios, dijo precisamente que el modelo Muface continuaba. Esto lo dijo, pues, el Gobierno.

En mayo de 2010, se constituyó el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), que, como sabe, nace con la idea de unificar la voz del sector sanitario privado. ¿Qué opinión le merece esta iniciativa?

Me parece una buena idea con el fin de cohesionar y unificar los intereses de estos agentes. Pero lo que sí echamos nosotros en falta, y no hemos sido capaces de hacer nosotros mismos (y por eso celebro lo que ha hecho y está haciendo el IDIS), es algo parecido con los profesionales que sirven en este sector. No somos capaces de aglutinar intereses y de tener una voz única debido a estas razones que hemos dicho sobre la libre competencia. Pero lo que ha hecho el IDIS me parece excelente. Es una manera de reforzar el sector y de hacerle probablemente mucho más competitivo.

Como sabe, el Registro Nacional de Profesionales Médicos es una reivindicación desde hace tiempo en el sector. En caso de que llegue a elaborarlo el Ministerio de Sanidad en un momento dado, ¿sería partidario de incluir en ese registro a los profesionales que ejercen con consulta propia, a los médicos de ejercicio libre?

El registro que aprobó la LOPS y que de forma reiterada venimos reclamando en los últimos años (desde que se publicó la ley), y de forma igual de reiterada vienen incumpliéndolo las administraciones sanitarias públicas, en realidad es un registro de todos los profesionales sanitarios. La idea del registro que uno no acaba de comprender son las resistencias a que haya información pública sobre los médicos, sobre sus características y su distribución –porque no es otra cosa–, ya que lo único que se pretende es tener información continua y permanente no sólo sobre el número de médicos, qué especialidades tienen, qué subespecialidades son en las que mejor están preparados, y sobre todo la edad de jubilación, la edad que tiene para prever su jubilación.

Es decir, en una palabra, el registro no es otra cosa que conocer cómo están distribuidas las diferentes especialidades y poder hacer previsiones, porque la situación actual es un tanto kafkiana. Ahora no tenemos déficit de planificación pero, por otro lado, nos resistimos a poner en marcha aquellos mecanismos que nos permitirían conocer, de aquí a diez o quince años, qué necesidades vamos a tener. Y sobre todo, dónde se encuentran los especialistas y los médicos porque no están uniformemente distribuidos: los médicos de una especialidad determinada pueden ser muy abundantes en una provincia y ser muy escasos en otra, y eso lo despejaría el registro. No acabamos de comprender todavía el porqué de las resistencias y de la falta de cohesión que también muestran en esto las diferentes administraciones.

Otro asunto de actualidad es la colegiación obligatoria de los médicos. ¿Cómo afecta esta cuestión al colectivo que ejerce en la sanidad privada?

Lo que dice la trasposición de la directiva de servicios, de la cual estamos excluidos los profesionales sanitarios (España, junto con Chipre, son los únicos países que han encontrado una fórmula para incidir en algo que está claro para otros países, y no es dudoso, que es el control universal y la regulación de las profesiones sanitarias: solamente nuestro país y Chipre, como digo, van a promover una ley que puede modificar esto), es que la colegiación es obligatoria, aunque todavía no es algo definitivo, salvo para los profesionales que trabajan en el sector público. Los médicos privados tendrían obligatoria la colegiación: eso está claro. Lo único que no queda claro es si va a ser para todos (y van a estar excluidos de la misma, voluntariamente por supuesto) los del sector público. Con lo cual nosotros estamos absolutamente en desacuerdo, porque el tema no es que quién es el financiador, o quién es el patrono, sino la regulación y control que precisa universalmente la profesión o, en definitiva, la preservación de la salud de los ciudadanos.

En Europa, se entiende que esto debe ser objeto de regulación y control por la propia profesión, y no reconoce –ni tampoco lo hace la Administración– que esta capacidad la tengan las administraciones sanitarias. Nuestra Constitución, aunque no menciona la colegiación expresamente obligatoria, sí que garantiza que continúe la tradicional colegiación obligatoria que se había desarrollado en España antes de que la propia Constitución así lo dictara, y lo que hace es reconocer la necesidad de esa colegiación. Pero no creo en absoluto que esto afecte para nada al sector privado; al contrario: está garantizada la obligación en él de la colegiación.